Tras un largo cruce de balas de más de 20 minutos, pero largos e intensos para los ciudadanos quienes se encontraba dentro del hospital de la policía nacional en quito está ubicado en las calles Mariana de Jesús y Avenida Occidental.
Después de haber sido rescatado el presidente al subir al balcón del palacio de Carondelet y saludar a sus simpatizantes quienes lo aguardaban.
Todos están conscientes que lo sucedido trajo graves pérdidas y consecuencias para todos, lo cual era de esperar en estos casos. Esperando que no se vuelva a repetir más, para que todo vuelva a ser paz y tranquilidad o por lo menos regresar a la vida cotidiana y olvidar lo sucedido.
Domingo 03 de octubre del 2010 Cine y TV
30-S: estado de excepción
Cadena nacional de seis horas: "obligatoria e ininterrumpida".
El día jueves 30 de septiembre -30-S para la historia twittera- después de que todo acabó, me llegó un último mensaje por twitter: "No quiero dormir, no quiero q se acabe este día! Porque sé que mañana nadie se acordará". Lo que vivimos no puede perderse en el vértigo de lo inmediato, desaparecer entre los problemas del día a día o los nuevos gritos de batalla. Desde la perspectiva del manejo de la información y uso de medios de comunicación, hay un análisis que hacer, aquí van unas primeras reflexiones.El estado de excepción permite al gobierno suspender o limitar el derecho a la información y disponer la censura previa de los medios de comunicación social con estricta relación a los motivos del estado de excepción y a la seguridad del Estado. La cadena nacional obligatoria e ininterrumpida se hizo efectiva a partir de un oficio enviado a los gerentes de estaciones de radio y televisión a las 13:00. Desde ese momento, la única fuente de información masiva fue la señal emitida por el canal público.
En términos generales, una decisión así puede ser justificada ante el temor o riesgo de que los medios centren la atención sobre temas que, respondiendo a intereses, marquen una agenda que atente contra la seguridad del Estado. Sin embargo, en lugar de garantizar la estabilidad a través de noticias pertinentes y oportunas, la carencia de información y una evidente intención comunicacional manifiesta en la señal emitida a través del canal estatal, obligó a que aparecieran otras fuentes, independientes, que vía medios digitales fueron narrando y mostrando lo que la señal en cadena no decía, demostrándose que la censura no solo se había transformado en un atentado contra la libertad de expresión, sino que se asentaba como una estrategia de manipulación ideológica y no como un recurso para garantizar el bien común.
Twitter Es ingenuo pensar que en estos tiempos se podrá controlar el acceso total a la información. Ante un notorio silencio sobre los hechos, y la búsqueda de otras fuentes, Twitter se transformó en el gran protagonista.
Decenas de periodistas y civiles ubicados en lugares estratégicos, desde las calles o escondidos en baños del hospital, comenzaron a enviar datos, fotos y videos que informaban sobre los hechos que la televisión callaba, vinculados a la situación del Presidente y a la feroz ola criminal por la que atravesaba el país. También se convirtió en un punto de referencia para la seguridad, con twitteros indicando durante todo el día las zonas donde se estaban cometiendo asaltos, las calles cerradas, los espacios inseguros y las vías para la libre circulación. Ningún canal oficial se concentró en lo que los ciudadanos necesitaban; internet y los teléfonos celulares fueron el medio por el cual circuló la información que ayudó a entender el porqué de lo que se vivía, saber cómo se estaba viviendo y poder tomar decisiones en ese momento de crisis. Lástima que solo un puñado de ciudadanos tienen acceso a ellos.
El canal público
Mientras tanto, la cadena no disimulaba sus intenciones. Muy poca información, muchas opiniones y un falso discurso de seguridad. Se concentró en la construcción de un relato que se fue estructurando desde distintos frentes para sostener la posición de un golpe de estado y reforzar una imagen victimizada y heroica del Presidente, manejando la repetición de escenas y grabaciones telefónicas del Presidente, cuidadosamente seleccionadas. La información fue secuestrada por la propaganda.
La falta de preparación para resolver o manejar situaciones de crisis por parte de la señal única, quedó expuesta. No hubo información oportuna. Se armó una estructura viciosa de manejo de material de archivo. Se estructuró un escenario de alabanzas al Presidente y su obra ("solo falta que aparezca el Chef Belga", comentó un twittero). Se sesgó la opinión, e incluso se tuvo el descaro de denunciar un atentado a la libertad de expresión cuando supuestamente la policía quería cortar su señal. (Descarado, si se compara con el silenciamiento de todos los demás canales y radios)
La mayor sintonía, previa a la triste balacera, debe haber sido una escena robada de un guión de Almodóvar. Cuando los conductores empezaron a informar sobre la irrupción de un grupo vandálico al canal, iban contando con nerviosismo cómo avanzaban por las instalaciones causando destrozos y atacando a los funcionarios hasta llegar al control máster. Ahí, finalmente las tomas mostraron a un grupo de ciudadanos que, rompiendo una puerta de vidrio entran al lobby y se quedan dando vueltas, un grupo de ellos llega al set, y en lugar de provocarse una batalla histérica, de pronto el conductor estaba entrevistando a uno de los invasores, que agradecía el espacio.
Era una estudiante de derecho quiteña, María Alejandra Cevallos, quien con un discurso sereno y muy bien articulado, hizo un reclamo al Presidente por romper los acuerdos con los vetos, y por botar a la basura en 3 días el trabajo de todo un año. "Si los policías salieron a protestar, es que están inconformes. Es gente como nosotros. No venimos a matar solo quiero decir que también estoy cansada". En ese momento algunos recordamos que justamente, la televisión pública es el espacio para la pluralidad y la diversidad que constituye una nación. La presencia pública, el espacio de representación legítimo de las diversas posturas tuvo que darse a la fuerza. No es justificable la forma, pero es legítimo el fin, expresarse como ciudadano en el espacio que le corresponde como ciudadano, el canal público.
Manejo de la información
Informar es dar forma, construir una realidad a partir de una organización de elementos dispersos procedentes del entorno. Para hacerlo hay que definir un criterio que le dé forma y sentido. El efecto puede ser movilizador o pasivo, puede impulsar a la acción o a la contemplación. La cadena, mientras repetía el ritual mártir/heroico del que ofrece la vida por una causa. Ocultó cualquier posible lectura del contexto. Una sola mirada, repetida hasta el cansancio, fortalecida por los resultados de su misma construcción: las muestras de apoyo de personajes internacionales, y fanáticos discursos locales de apoyo al Presidente y su obra.
Esta declaración ideológica llevó a que aparecieran numerosos llamados efusivos, entre ellos el de un importante funcionario del Gobierno, para que la gente participara en el rescate de su Presidente. Hay en eso una evidente intención de movilización bajo la idea de rescate, eso ya implica una consecuencia. Rescate es confrontación. Entonces, cuál es la idea de una cadena en Estado de Excepción, provocar y combatir o salvaguardar el estado de derecho y la seguridad.
El final
Lo que vino a continuación fue triste y demoledor. El sonido de las balas. El combate. El hombre caído. La locución de los periodistas en terreno. Nada puede justificar lo que sucedió. Después del dramático rescate, corte al Palacio de Carondelet, donde un montón de tipos y ministros con banderas, celebrando y cantando, vitoreaban al Presidente. Teleamazonas mantenía la pantalla dividida entre el festejo, y la balacera que aún continuaba. No había nada que celebrar. Y mientras escuchaba al Presidente diciendo: "Hemos salido con la frente muy en alto. Gracias a todos aquellos que arriesgaron la vida por el presidente", pensaba en la penosa autorreferencia de este señor, su gobierno, su canal y sus cadenas. Allá cayeron un par, en Guayaquil, durante todo el día hubo asaltos, heridos, muertes, dolor y pánico. El jueves nadie ganó. Todos salimos derrotados, y no hay que olvidarlo.
Domingo 10 de octubre del 2010 Política
30-S, la jornada que desató una crisis de impredecibles efectos
Aproximadamente a las 09:30, el presidente Rafael Correa llega al Regimiento Quito Nº 1 y consigue ingresar. Una mujer de la tercera edad le grita "¡eres mentiroso!", y él la increpa.
Son las 06:30 del 30 de septiembre. Una hora antes, la guardia presidencial ya estaba de pie en el Palacio de Carondelet. En el sitio todo es calma. De pronto, policías y militares reciben un mensaje: deben estar atentos a cualquier movimiento de Rafael Correa. La alerta tempranera los sorprendió porque "no estaba saliendo mucho después de la operación de su rodilla", narra Alexis Cifuentes, teniente de Policía, adiestrado en Chile, que horas más tarde pondría en riesgo su vida por darle protección al Mandatario.Minutos después, a través de la señal de televisión, responsables de la Casa Militar conocen que en el Regimiento Quito Nº 1 policías –la mayoría de tropa– han iniciado una protesta en rechazo a la aprobación de la Ley Orgánica de Servicio Público en la Asamblea Nacional la noche anterior y que, según los manifestantes, los privaría de varios beneficios salariales. El anuncio sorprende a medio centenar de policías que labora en la guardia del Palacio de Gobierno.
A esa hora, Irina Cabezas, que ese día asumía la Presidencia de la Asamblea, ante la ausencia de Fernando Cordero (había viajado a Europa), se enteró a través de su escolta de la protesta mientras se dirigía de su casa al hotel Mercury, donde tenía previsto inaugurar un taller sobre la Ley de Discapacidades, pues el vicepresidente Lenin Moreno, responsable del área, regresaba de Estados Unidos ese día.
Al interior de Carondelet, desde antes de las 08:00 y luego de las terapias de rehabilitación en su rodilla derecha, Correa está pendiente de los sucesos policiales a través de la televisión. Además mantiene diálogos con sus colaboradores, entre ellos el ministro del Interior, Gustavo Jalkh; el secretario de la Administración, Vinicio Alvarado; el secretario de Comunicación, Fernando Alvarado; y su secretario particular, Galo Mora.Hasta el hotel Mercury, mientras Cabezas da una charla, llegan dos escoltas policiales en un patrullero para darle protección como líder de la Asamblea. Al rato recibe una llamada del administrador del edificio de la legislatura, Francisco Torres, quien le cuenta que hay problemas: las puertas están cerradas, policías lanzan gas hacia ellos y no dejan ingresar a los asambleístas.
El secretario de la Asamblea, Francisco Vergara, también llama a Cabezas para indicarle que había conversado con el jefe de la Escolta Legislativa, coronel Rolando Tapia, quien le indicó que no garantizaba la seguridad de los asambleístas, pues ese día estaban "de brazos caídos".
En ese momento la protesta policial, que desde antes de las 07:00 había comenzado en Quito, se traslada a otros comandos provinciales y tuvo eco en Guayas, donde seis días antes de la revuelta se había reunido la cúpula policial con personal del III y IV distritos. Al día siguiente, en la capital, también se reunió con gente del I y II distritos.Pese a las reuniones previas, en la revuelta los policías desconocen al entonces comandante general, Freddy Martínez, quien en vano intenta calmar a la tropa y le dice que lo que él les había informado una semana antes era verdad (que la ley no afectaría sus ingresos). Pero lo acusan de no respaldarlos; incluso, desde el Regimiento Quito Nº 1, un policía denuncia que días antes, cuando él los visitó, no escuchó sus pedidos.Correa dialoga una y otra vez con sus colaboradores sobre la protesta. De pronto, sin oír la sugerencia de sus asesores, decide ir al regimiento "a enfrentar y a desmentir" los presuntos perjuicios que sufrirían Policía y Fuerzas Armadas (que horas más tarde también protestarían, pero levemente) con la nueva ley.
Cerca de las 08:30, la guardia presidencial se alista porque el Presidente iba a dirigirse al Regimiento Quito N º 1. Enseguida salen en caravana de al menos diez carros, incluido el del Mandatario, funcionarios de su Gobierno, el ministro Jalkh y personal de seguridad, además de su enfermera y el responsable de la terapia de su rodilla.
"Intentamos pedirle al Presidente, primero conocer cuál era la situación real de los hechos para tomar una decisión, pero él lo decidió (ir al Regimiento)", detalló luego un funcionario de la Presidencia de la República.
Así, el Mandatario arriba al sitio de la protesta. Desde que desciende del vehículo "baja prepotente, agresivo, se zafa la corbata y empieza a discutir con el personal (policías)", narró en la Fiscalía Julio Cueva, comandante del Distrito Metropolitano.
El ministro de Defensa, Javier Ponce, se entera de la protesta mientras se dirige a su despacho; poco antes de las 09:00, le avisan por teléfono que la Base Aérea había sido tomada por elementos militares, y el Puente de la Unidad Nacional también, pero solo por policías.En el Ministerio reúne al personal y le explica que van a recibir una compensación en lugar de los beneficios que les quita la Ley de Servicio Público; los militares responden a gritos: "¡Ahora, no mañana… ahora!". El Ministro pide calma y se traslada a la Base Aérea.Fuentes policiales dicen que la huelga que se veía venir desde el 2009, cuando los policías conocieron que les quitarían beneficios, no tenía fecha.
Se adelantó por la aprobación de la Ley de Servicio Público y se organizó entre mayores y capitanes, con participación de una parte de los suboficiales mayores y primeros. La convocatoria se hizo la mañana del 29 de septiembre, vía teléfono celular y boletines. Miles se suman.
Casi recuperado de la perforación pulmonar originada tras un golpe que desconoce quién se lo dio y que le lesionó dos costillas cuando protegió la rodilla de Correa, el teniente Cifuentes recuerda: "En primera instancia no nos permitieron el ingreso, en la guardia pensamos que nos íbamos al Palacio con tranquilidad, pero el Presidente decidió volver e insistir, y entrar…".
Miércoles 13 de octubre del 2010 Política
13 oficiales de Policía pasan a la disponibilidad por el 30-S
Cuatro coroneles, siete capitanes, un teniente y un subteniente de Policía, supuestamente involucrados en la sublevación del 30 de septiembre (30-S), ayer fueron puestos en situación de disponibilidad por los consejos de Generales y Superior de la Policía Nacional.Los coroneles son: Julio Cueva, Manuel Rivadeneira, Marcelo Echeverría, investigados en la Fiscalía por tentativa de asesinato al presidente Rafael Correa; y el coronel Rolando Tapia, quien fue jefe de la escolta legislativa, quien es acusado de atentar contra la seguridad interna del Estado.
El pasado fin de semana, los dos consejos estudiaron el parte informativo, realizado por Asuntos Internos de la Policía y otra documentación entregada sobre las actividades de los oficiales, el 30 de septiembre.
El Consejo Superior determinó que "existen suficientes antecedentes que hacen presumir de mala conducta profesional" contra los capitanes Paola Mafla Andrade, Álex López Cañizares, Francisco Zúñiga Gibaja, Pablo Córdova Coronel, Ricardo Paz y Miño Novillo, Geovany Fuentes Flores, Francisco Noboa Ramos; el teniente Juan Avilés Pastor y el subteniente Andrés Solano León.
Se informó que el parte policial, suscrito por el coronel Ernesto Solano, director de Inteligencia, adjunta fotografías de los policías que participaron en la revuelta. Solano remite el listado de personal que presuntamente participó en la sublevación contra la Ley de Servicio Público el 30 de septiembre y se anota que la capitana Paola Mafla a las "10:00, a través de la frecuencia de radiopatrulla, se la escuchaba que motivaba para que los policías reclamen sus ingresos económicos".
En el caso del capitán Zúñiga, se señala que presumiblemente "se encontraba en la reja de la Unidad de Vigilancia Centro Occidente dando declaraciones a la prensa".
En cuanto al capitán López se dice: "10:30. Exteriores del Hospital de la Policía en la puerta de acceso vehicular se encontraba el capitán López, quien vestía de civil y cubría la mitad de su rostro con un pañuelo. Él mismo se encontraba motivando a los policías para que lancen gritos de protesta por el interés económico quitados a través de la Ley de Servicio Público, así como daba declaraciones a una persona que lo grababa".
Al capitán Paz y Miño presuntamente "se le observó en la avenida Mariana de Jesús y San Gabriel hablando por una Motorola mientras unos manifestantes se enfrentaban con un grupo de personas".
Al capitán Fuentes, presuntamente "se le encuentra vestido con uniforme B-2, a la altura de la prevención del Hospital de la Policía, cerca del subteniente Solano", a quien también "se le ubica cerca de la reja de la prevención de la Unidad Centro Occidente observando la quema de neumáticos".
Al capitán Noboa se lo habría identificado en los exteriores de la Asamblea mientras se tomaban las instalaciones.
El teniente Avilés sería quien "ordenó al personal motorizado a ingresar a la Unidad para plegarse a la medida".
Los oficiales en disponibilidad, según la Ley de Personal de la Policía, pasan a órdenes del Ministerio del Interior, donde permanecerán hasta por 60 días en situación de disponibilidad, mientras la Inspección General investigará, presentará las pruebas y practicará las diligencias solicitadas por los investigados.
Varios oficiales involucrados en este caso, que fueron consultados por este Diario, sostienen que es injusto que primero se ordene su disponibilidad y luego se les dé el derecho de defenderse; insisten en que se los inculpa sin tener pruebas suficientes, pero aclaran que defenderán su inocencia.
Sanciones: Otras decisiones
Procesos en la tropa policial
Se conoció que al menos a 50 uniformados de tropa se les informó de su disponibilidad y la necesidad de que contraten su defensa.
FAE también investiga
La FAE instauró consejos disciplinarios contra unos 160 militares para establecer si participaron en la rebelión policial, informó agencia AFP.
Planteó amparo de libertad
El policía Santiago Santacruz, uno de los 13 presos, presentó ayer un amparo de libertad, a cargo de la presidencia de la Corte de Pichincha
Miércoles 13 de octubre del 2010 Política
13 oficiales de Policía pasan a la disponibilidad por el 30-S
Cuatro coroneles, siete capitanes, un teniente y un subteniente de Policía, supuestamente involucrados en la sublevación del 30 de septiembre (30-S), ayer fueron puestos en situación de disponibilidad por los consejos de Generales y Superior de la Policía Nacional.Los coroneles son: Julio Cueva, Manuel Rivadeneira, Marcelo Echeverría, investigados en la Fiscalía por tentativa de asesinato al presidente Rafael Correa; y el coronel Rolando Tapia, quien fue jefe de la escolta legislativa, quien es acusado de atentar contra la seguridad interna del Estado.
El pasado fin de semana, los dos consejos estudiaron el parte informativo, realizado por Asuntos Internos de la Policía y otra documentación entregada sobre las actividades de los oficiales, el 30 de septiembre.
El Consejo Superior determinó que "existen suficientes antecedentes que hacen presumir de mala conducta profesional" contra los capitanes Paola Mafla Andrade, Álex López Cañizares, Francisco Zúñiga Gibaja, Pablo Córdova Coronel, Ricardo Paz y Miño Novillo, Geovany Fuentes Flores, Francisco Noboa Ramos; el teniente Juan Avilés Pastor y el subteniente Andrés Solano León.
Se informó que el parte policial, suscrito por el coronel Ernesto Solano, director de Inteligencia, adjunta fotografías de los policías que participaron en la revuelta.
Solano remite el listado de personal que presuntamente participó en la sublevación contra la Ley de Servicio Público el 30 de septiembre y se anota que la capitana Paola Mafla a las "10:00, a través de la frecuencia de radiopatrulla, se la escuchaba que motivaba para que los policías reclamen sus ingresos económicos".
En el caso del capitán Zúñiga, se señala que presumiblemente "se encontraba en la reja de la Unidad de Vigilancia Centro Occidente dando declaraciones a la prensa".
En cuanto al capitán López se dice: "10:30. Exteriores del Hospital de la Policía en la puerta de acceso vehicular se encontraba el capitán López, quien vestía de civil y cubría la mitad de su rostro con un pañuelo. Él mismo se encontraba motivando a los policías para que lancen gritos de protesta por el interés económico quitados a través de la Ley de Servicio Público, así como daba declaraciones a una persona que lo grababa".
Al capitán Paz y Miño presuntamente "se le observó en la avenida Mariana de Jesús y San Gabriel hablando por una Motorola mientras unos manifestantes se enfrentaban con un grupo de personas".
Al capitán Fuentes, presuntamente "se le encuentra vestido con uniforme B-2, a la altura de la prevención del Hospital de la Policía, cerca del subteniente Solano", a quien también "se le ubica cerca de la reja de la prevención de la Unidad Centro Occidente observando la quema de neumáticos".
Al capitán Noboa se lo habría identificado en los exteriores de la Asamblea mientras se tomaban las instalaciones.
El teniente Avilés sería quien "ordenó al personal motorizado a ingresar a la Unidad para plegarse a la medida".
Los oficiales en disponibilidad, según la Ley de Personal de la Policía, pasan a órdenes del Ministerio del Interior, donde permanecerán hasta por 60 días en situación de disponibilidad, mientras la Inspección General investigará, presentará las pruebas y practicará las diligencias solicitadas por los investigados.
Varios oficiales involucrados en este caso, que fueron consultados por este Diario, sostienen que es injusto que primero se ordene su disponibilidad y luego se les dé el derecho de defenderse; insisten en que se los inculpa sin tener pruebas suficientes, pero aclaran que defenderán su inocencia.
Sanciones: Otras decisiones
Procesos en la tropa policial
Se conoció que al menos a 50 uniformados de tropa se les informó de su disponibilidad y la necesidad de que contraten su defensa.
FAE también investiga
La FAE instauró consejos disciplinarios contra unos 160 militares para establecer si participaron en la rebelión policial, informó agencia AFP.
Planteó amparo de libertad
El policía Santiago Santacruz, uno de los 13 presos, presentó ayer un amparo de libertad, a cargo de la presidencia de la Corte de Pichincha.
miércoles 13 de octubre del 2010 Columnistas
Algo más en torno a los malhadados acontecimientos del jueves 30 de septiembre. Mucho se ha escrito y bien. Bastante se ha investigado y las conclusiones son unívocas. Se ha demostrado que la verdad no se origina en las urnas, que se nutre de argumentos y estos se cimientan en la realidad: en lo que fue, en lo que sucedió. Hurgar en busca de lo que pudo ser, de lo que tal vez sucedió, de lo que se quisiera que haya sucedido, es maltratar a la historia, es propiciar la mentira, es difundir cápsulas mañosamente confeccionadas para engatusar a quienes carecen de tiempo para saber lo que en realidad pasó.
1. Acabo de cumplir este 9 de octubre mis "primeros" 75 años. Gracias a quienes me desearon "una larga vida". Mis tres cuartos de siglo vividos no registran algo similar a lo sucedido el jueves 30. Una guerra sangrienta entre ecuatorianos que pudo y se debió evitar. Lo más triste: el engaño al mundo difundiendo algo que nunca pasó; el poder, incapaz de encontrar caminos de conciliación. Después de cuatro años de gobierno nos hallamos más divididos, con enojos reprimidos, atosigados por la publicidad de gobierno que denigra, embrutece. Marchamos sobre el propio terreno. Lo bueno, que también existe en este gobierno, es borrado con el codo.
2. Permítanme contarles una anécdota de mi niñez, amigas y amigos de Diario EL UNIVERSO: Prudencia era la mula predilecta de mi abuelo Benjamín. No sé por qué la llamaron así, pero sí la recuerdo: fornida, briosa, veloz, precavida. Esa mulita olfateaba los lugares por donde iba a cruzar, era mula pero no era tonta, ni confiada, peor atolondrada. Jamás se metió en fangales de los que no podía salir. Cuando olía un peligro no se arriesgaba. Prudencia era nuestra única garantía de seguridad y, a lo bien mula, jamás nos defraudó, era entretenimiento y solaz para primos y hermanos que semanalmente acudíamos al Guabo, la finca de los abuelos Torres Íñiguez; jamás abusamos de Prudencia, peor la maltratamos; nos infundía confianza y mucho respeto.
3. Mi abuelo y también mi padre no pudieron estudiar en Harvard, ni en Oxford; de haber podido no tenían arrestos suficientes para surcar los mares o perderse en las nubes. Eran otros tiempos. La vida honrada era sencilla; en los pueblos y aldeas no se requería de títulos. El saber tenía otras exigencias. La cordura y la sensatez tenían su sede en cada hogar, junto a la honradez y solidaridad. Los "pehachedés" aún no nacían.
4. Estoy convencido de que el 30-S no hubo intentos de golpe de Estado. Los muertos y heridos fueron causados por la carencia de un equipo de gobierno capaz de solucionar conflictos. Siempre es posible encontrar "culpables" e inventar héroes. "Al lobo, al lobo…", fábula de obligada lectura. "En Latinoamérica no hemos resuelto aún problemas básicos como la libertad, instituciones estables, tolerancia, coexistencia en la diversidad, seguimos teniendo… esta tradición atroz de autoritarismo y brutalidad en la política…" (Vargas Llosa, Nobel de Literatura 2010).
Jueves 14 de octubre del 2010 Política
Fiscalía investiga cuántos militares cayeron el 30-S
QUITO
Aunque dos es el número oficial de militares muertos durante la revuelta del 30 de septiembre, una comisión especial de la Fiscalía investiga la posible existencia de más cuerpos enterrados sin haberles realizado las autopsias de ley.
"La información no es por escrito, solo se nos dice que se enterraron tres militares a los cuales no se les hizo la autopsia del caso y eso estamos investigando", dijo ayer el fiscal Distrital de Pichincha, Marco Freire.
Lo que se indaga es el lugar dónde fueron enterrados y por qué las autoridades respectivas no dispusieron que los cadáveres vayan a Criminalística de la Policía Judicial, para que les practiquen las autopsias.
Freire insistió en que es una obligación legal el que estas se realicen a todo cadáver; y, que el único ente encargado de realizarlas es el departamento médico legal de la Policía. Además, mencionó que quien haya ordenado la omisión de este examen podría ingresar en un proceso legal.
El martes pasado en Santo Domingo de los Tsáchilas se realizó la exhumación del cadáver del militar Jacinto Orlando Cortez Jhaya.
Para este caso fue nombrado el perito Verdy Antonio Cedeño, quien deberá entregar en un plazo no mayor de diez días, un informe de la exhumación.
Para las 10:00 de hoy en Ambato se prevé exhumar el cuerpo de Darwin Fabián Panchi Ortiz, otro de los caídos durante la revuelta policial. Para este caso se nombró como perito a María Dolores Villagómez, del Departamento Médico Legista de la Fiscalía del Tungurahua. Aquí también se busca definir las causas de la muerte.
En Quito, la Fiscalía espera esas experticias (que podrían durar diez días) para continuar con los procesos.
Exhumaciones: Comenzaron pericias
A la espera de resultados
Los resultados de esas pericias detallarán, entre otras cosas, la causa de la muerte del uniformado, el proyectil que se utilizó o de qué arma fue disparado, explicó el fiscal Distrital de Pichincha, Marco Freire.
Martes 16 de noviembre del 2010 | 11:56 Política
Autoridades ofrecen recompensa por información en caso 30-S
La Fiscalía General del Estado y la Policía Judicial ofrecieron la suma de 10.000 dólares para quien informe sobre el paradero de Luis Aníbal Martínez Viláñez, quien no ha podido ser localizado tras la sublevación policial que terminó con la retención y rescate del presidente de la República, Rafael Correa.
Según un comunicado publicado en el sitio web de El Ciudadano, el medio digital estatal, Martínez (a) Yuco, quien supuestamente tuvo directa participación en los hechos del 30 S, "se encuentra prófugo de la justicia".
De acuerdo a la información, Martínez, de 47 años, enfrenta varias acusaciones anteriores por detención arbitraria, desapariciones, entre otros delitos. La persona se encontraría entre las localidades de Pichincha, Guayas, Esmeraldas, Sucumbíos, Chimborazo o Manabí.
Asimismo, las autoridades de las dos entidades ofrecieron una recompensa de 5.000 dólares para quien informe sobre la ubicación de otra persona, de quien no se reveló su nombre pero sí se difundió su fotografía, que presuntamente participó en los acontecimientos de aquel último día de septiembre.
Miércoles 17 de noviembre del 2010 Política
Dos nuevos detenidos por los sucesos del 30-S
Ayer, personal de la Dirección General de Inteligencia de la Policía detuvo al mayor del Ejército en servicio pasivo Max Marín y a Paúl Camacho, por aparentemente haber participado en acciones para ingresar a las instalaciones de la televisora estatal Ecuador TV, el pasado 30 de septiembre.
La captura de Marín y Camacho ocurrió entre las 06:00 y 07:00, en diferentes sectores del norte de Quito, luego de que Iván Ron, fiscal de Delitos Flagrantes, solicitó al juez de turno las órdenes de prisión con fines investigativos.
La Fiscalía pidió la detención de las dos personas bajo el delito de destrucción o sabotaje de servicios públicos, contemplada en el artículo 158 del Código Penal. De encontrarlos culpables, la pena por este delito va de ocho a doce años de reclusión mayor ordinaria.Aparentemente, el mayor Marín pertenece a los registros del Partido Sociedad Patriótica, aunque al consultarle ese dato al asambleísta Galo Lara manifestó no conocerlo y peor aún saber de su arresto.
Según el parte de detención, existiría un video que confirma que Marín y Camacho estuvieron reunidos con policías, desde las 08:00 del 30 de septiembre, en el Regimiento Quito Nº 1, y que luego, a las 18:30, se dirigieron con varias personas al edificio de los medios públicos donde funciona Ecuador TV.
La investigación dirigida por Ron se inicia en los hechos suscitados poco después de las 18:00 del 30 de septiembre en la televisora estatal Ecuador TV.
Ese día un grupo de personas que estaba en las afueras del canal reclamó por la cadena nacional del Gobierno, con transmisión única de Ecuador TV, sobre la revuelta policial.La petición de los manifestantes, de que se les reciba en el set de la televisora para hablar de lo que sucedía en las calles ese día, desembocó en destrozos de ventanales y puertas.Por este hecho también existe orden de detención contra el abogado Pablo Guerrero, a quien se lo relaciona con Sociedad Patriótica; y María Alejandra Cevallos, asambleísta alterna de Nicolás Lapentti. Ambos están en la clandestinidad.
Pasadas las 22:00, el juez Juan Pablo Hernández, de Garantías Penales, emitió el dictamen mediante el cual Marín permanecerá por 90 días recluido, mientras dure la instrucción. Recién a las 22:30, Camacho ingresó a la audiencia de formulación de cargos, la que seguía hasta el cierre de esta edición.
Apuntes: Sociedad Patriótica
DenunciaEl asambleísta Galo Lara, del Partido Sociedad Patriótica (PSP), presentó ayer en la Fiscalía General una denuncia por una serie de amenazas de muerte que han recibido él y su familia, luego de que publicó un suplemento con su versión de lo ocurrido el 30 de septiembre pasado.
Martes 19 de octubre del 2010 Política
8 deserciones tras 30-S en la Policía Nacional
Aunque la semana anterior se habló de una supuesta deserción de 80 policías que participaron en la sublevación del 30 de septiembre, el ministro del Interior, Gustavo Jalkh, confirmó ayer que apenas son ocho los uniformados que a la fecha no entregaron el armamento que tenían en su poder y que no se presentaron a la institución policial.
La semana anterior se habló de esa cantidad de policías (80) que no retornaron a sus unidades, hecho que habría provocado que el Ministro del Interior haga una indagación al respecto y solicite un informe a la cúpula policial.
No obstante, Jalkh negó que sean 80 y dijo que al momento son apenas 8 los que no se han presentado, pero que la cifra se confirmará con el informe de las autoridades.De acuerdo con las normas policiales, el Ministro explicó que si un policía no se presenta durante once días a las dependencias policiales, automáticamente se involucra en un proceso de deserción.
Pese a que espera los resultados de la auditoría que realiza la Contraloría a los rastrillos del Regimiento Quito, Jalkh dijo que los informes preliminares que maneja no determina una pérdida de armamento, por lo menos en las bodegas del Regimiento Quito.
Por ello, dijo, el informe de la Contraloría sobre el supuesto mal uso de los bienes públicos en la sublevación del 30 de septiembre ratificará o rectificará los informes relacionadas con el uso de las armas.
Así también, indicó que los policías que cometieron infracciones disciplinarias y en contra de la ciudadanía deberán responder ante las autoridades de la institución y en el área judicial. En total, existen 104 policías inmersos en procesos disciplinarios y en tribunales de disciplina.
Respecto a la existencia de un "Grupo Armado Policial" (GAP) las investigaciones continuarán hasta dar con la persona que elaboró los correos electrónicos que llamaban a la sublevación de la tropa, así como la intencionalidad que tuvieron esos documentos.
Por ello, dijo el fiscal general, Washington Pesántez, la Fiscalía designó peritos informáticos para determinar el origen de esos correos, que según informaciones preliminares salieron desde la Cárcel 4, donde existen miembros del GAO que están siendo investigados por la desaparición de un señor de apellido "Cedeño".
"Queda claro que a los pocos minutos de que se tomaron el Regimiento Quito salieron con carteles y pancartas escritas previamente, que no se hacen en horas sino que se las mandó a confeccionar con toda una plataforma de lucha, que iba más allá de los fines reivindicativos".
Este Diario trató de encontrar la versión de la cúpula policial sobre los uniformados que podrían ser declarados desertores, pero no hubo respuesta.
El coronel Edmundo Moncayo, nuevo jefe del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), aseguró que, al menos desde el martes 12 de octubre que se hizo cargo de la unidad, no existen novedades.
Martes 19 de octubre del 2010 Política
Régimen afirma afuera que lo del 30-S fue golpe de Estado
Una estrategia mediática y otra diplomática diseñó el régimen para mostrar al mundo que el 30 de septiembre hubo en el país un intento de golpe de Estado.
Desde hace dos semanas, el Jefe de Estado tuvo varios encuentros con representantes de medios de comunicación internacionales, como nunca antes desde su mandato, para explicar su versión de los hechos del motín policial del 30-S.
El miércoles 6 de octubre inició lo que hasta hoy es una maratón de entrevistas que al menos ocupa 30 minutos de su agenda diaria.
Ese día mantuvo un conversatorio con 49 periodistas de canales de televisión, estaciones de radio y diarios.
El jueves y viernes siguientes Rafael Correa concedió diálogos a Telesur, Televisión Española, Caracol, de Colombia, y con el diario estadounidense The New York Times.
La semana pasada fue el turno para CNN, El Tiempo, Noticias 24, la agencia AFP y ayer para el Financial Times.
El objetivo expresado por el propio Correa es "informar e informar, porque con cuanta mala fe y mediocridad algunos quieren desinformar", refiriéndose al trabajo de algunos medios de prensa locales.
En todas sus intervenciones, el Primer Mandatario reitera que en la insubordinación policial existió una conspiración a su gestión, que estuvo secuestrado, que su vida corrió peligro y destacó el apoyo masivo de la ciudadanía.
En cada entrevista lanza nuevos datos según el procesamiento de información que llega a la Presidencia.
En el conversatorio con los 49 medios, Correa aseguró que detrás del motín policial estuvieron involucrados el ex presidente Lucio Gutiérrez y otros dirigentes de Sociedad Patriótica (SP).
Denunció además la existencia un grupo autodenominado Grupo Armado Policial (GAP), que podría tener prácticas fascistas en Ecuador.
A la agencia AFP, el Jefe de Estado confirmó la existencia de un testigo protegido que denunció que el militante de SP, Fidel Araujo, quiso pagarle por atentar contra su vida.
En la cadena Telesur, el Mandatario resaltó el apoyo mayoritario que tuvo cuando "cerca de 100 mil personas salieron a las calles" a respaldarlo mientras estuvo retenido en el Hospital de la Policía.
La encargada de concretar estas citas es la Secretaría de Comunicación, que según uno de los funcionarios, tiene como base para la elección de los medios las cerca de 100 solicitudes de entrevistas, suscitadas luego del evento que llegaron a esta dependencia, incluso antes del 30-S.
Por el lado diplomático también el régimen emprendió una serie de acciones para conseguir el respaldo internacional.
Pese a que estos hechos ya los condenó la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), en la reunión de mandatarios de Buenos Aires, la Cancillería ahora aspira a que en la próxima reunión de presidentes del organismo, que será en Guyana el 26 de noviembre, se ratifique esa resolución.
El régimen espera un pronunciamiento similar del presidente de Perú, Alan García, quien visitará al país el 26 de octubre para el gabinete binacional. Antes los mandatarios de Chile, Sebastián Piñera, y de Bolivia, Evo Morales, visitaron Quito para respaldar a Correa.
Ayer, en el marco de estas acciones, el Gobierno ofreció un almuerzo a 34 embajadores acreditados en el país, entre los que estuvo la representante de los Estados Unidos, Heather Hodges.
El objetivo de la invitación, según expresó el canciller Ricardo Patiño, fue agradecer el respaldo internacional al Ecuador luego de la insubordinación policial del 30 de septiembre, sin descartar el inicio de una ofensiva diplomática.
Rafael Correa
PRESIDENTE"Los medios internacionales, en su gran mayoría, han verificado esa versión (que hubo un intento de golpe de Estado) en base a hechos y no en base a interpretaciones de lo que ocurrió el 30 de septiembre
Miércoles 20 de octubre del 2010 | 12:12 Política
Ministro descarta que viviendas para policías sea por el 30-S
Dos mil quinientas viviendas conformarán la ciudad Olimpo, urbanización que se construirá en el Km. 23 de la vía a la Costa, destinada exclusivamente para los integrantes de la Policía Nacional, dijo el ministro de Vivienda Walter Solís.Esta mañana en el noticiario de GamaTV, Solís aclaró que el proyecto se tramita desde el año pasado, mediante un convenio entre la empresa privada, el Miduvi y la Policía Nacional. Descartó que recién se lo haya impulsado, por los sucesos ocurridos el 30-S, fecha en que se dio una insurrección policial.
El Ministro explicó que las casas tendrán un costo promedio desde los $ 30.000, de los cuales $ 5.000 serán entregados con el bono de la vivienda y el 10 % de entrada serían entregados mediante un crédito de la institución policial.
La construcción de las viviendas, que estaría lista para junio próximo (2011), contará con todos los servicios básicos para el buen vivir indicó el Ministro.
Domingo 24 de octubre del 2010 Cine y TV
30-S en CNN: ¿Sublevación o golpe a nuestra TV?
Imagen tomada de la transmisión que CNN en español hizo el 21 de octubre pasado de lo sucedido en Ecuador el 30 de septiembre. A la derecha.
Mientras los medios escritos y la opinión pública salieron en defensa de los canales privados de televisión, que tanto se quejaron de la falta de libertad para informar ante la imposición de la cadena indefinida, estos últimos no han sido capaces de desarrollar un programa de análisis sobre el 30-S, que profundice sobre las causas sociales que movilizaron las conductas que vimos.
Que trabaje sobre la comprensión y no la descalificación. Mientras tanto, el oficialismo sigue recurriendo a las mismas tácticas con todo su aparato comunicacional, hablando de personas e identificando culpables en lugar de concentrarse en los hechos y la gente, su gente. El día 21 de octubre el canal de televisión CNN en español transmitió "Ecuador. ¿Sublevación o golpe?". Un especial de periodismo investigativo sobre lo ocurrido el 30 de septiembre en nuestro país.
Un trabajo preparado y conducido por el periodista Luis Carlos Vélez. Podríamos dividir el programa en tres ejes. Uno donde a través de la reconstrucción de los hechos se fue entrevistando a representantes oficialistas y de oposición para que dieran su versión de los hechos. En ese espacio no vimos nada nuevo. Los mismos discursos de siempre, de los mismos personajes, con los mismos argumentos.
Un equipo defiende la idea de un golpe de estado, el otro se ratifica en la hipótesis de una sublevación. Ataques repetidos y gastados de nuestros políticos esparcidos por los satélites de la mega cadena noticiosa.
Un segundo eje fue la opinión de analistas internacionales, donde las dos posturas volvían a estar representadas, la versión del golpe era sustentada por Michael Cohen, autor de libros que investigan las relaciones entre la gente y las ciudades, y la de la sublevación, por Álvaro Vargas Llosa, periodista y politólogo.
Aquí, pudimos ver una reflexión interesante, argumentos, una evaluación de los síntomas y causas que condujeron al país al 30-S. Sin insultos, sin descalificaciones, con miradas opuestas, ambos expositores desarrollaron sus tesis.
Vargas Llosa defendió que no hubo golpe, porque no hubo premeditación para sacar al Presidente del poder y establecer un régimen de tipo inconstitucional. Sostuvo que la democracia ecuatoriana ha sido sometida a unos embates constantes y periódicos que la han debilitado, y señala que el Presidente Correa y su gobierno han cambiado las reglas de juego desde el poder, como lo han hecho otros gobiernos de la corriente del socialismo del siglo XXI, y han establecido un sistema que no es aquel que le permitió llegar al poder originalmente, lo que de algún modo ha aumentado y añadido inestabilidad política del país. Por su parte, Michael Cohen, con un español poco fluido (desventaja versus Vargas Llosa), plantea que sí hubo un golpe de estado y que a pesar de ser difícilmente identificables los autores, las causas serían los intereses de distintos grupos que pierden cuando un país entra en un ejercicio de políticas de redistribución, como las que corresponden al plan de gobierno del presidente Correa, que quiere cambiar la desigualdad del país.
Sostiene que con esta nueva política económica aparece un fuerte conflicto de intereses. Ambos coinciden en que la rápida respuesta de apoyo de los gobiernos latinoamericanos y del mundo son más que un apoyo a Correa, un respaldo a la democracia de la región, y políticamente, una estrategia para protegerse ellos mismos, el conductor ratifica esa postura citando una frase de la entrevista a Gustavo Noboa: "Entre bomberos no se pisan la manguera".
El tercer eje corresponde a las entrevistas a Paco Velasco y Carlos Vera. Vuelta atrás, más insultos, unos más machos que otros. Ante la pregunta de si había culpa de los medios de comunicación en la división del país, Vera dijo que si los medios bajan el tono, se bajan los pantalones.
Velasco respondió que Correa no es un angelito, no es un arcángel, Correa es un hombre jodido que no se deja ¬nada más representativo de lo que somos¬.
¿Cuáles fueron las conclusiones del periodista de la cadena? Luego del 30-S, todos sospechan de todos, hay más polarización en la Asamblea, la democracia se debilitó, nadie ganó y al final el Ecuador fue el único que perdió.
Para finalizar, nada más claro que la última pregunta que Vélez hizo a Carlos Vera y Paco Velasco: ¿Va a haber, sí o no, un futuro bueno, de tranquilidad para Ecuador? Ninguno dijo "Sí", y volvieron a defenderse y atacar, como hacen todos, todos los días en nuestras pantallas. Un golpe de estado contra la convivencia y el progreso, una sublevación contra el civismo y la búsqueda de un consenso que nos saque de esta confrontación que nunca tendrá un final feliz.
Domingo 24 de octubre del 2010 Política
Correa reconoce que firmó decretos el 30-S en el Hospital de Policía
El presidente de la República, Rafael Correa, negó que la cadena de radio y televisión impuesta a los medios de comunicación privados el 30 de septiembre fue ordenada antes de declarar el estado de excepción. Esta aclaración la hizo ayer durante el enlace 193 transmitido desde el parque Itchimbía, en el centro oriente de Quito.
El mandatario mostró un documento que indica la hora en que puso su firma electrónica en el decreto de estado de excepción: las 13:21.
Luego expuso los correos electrónicos dirigidos a los medios de comunicación con la disposición de enlazarse a Ecuador TV y Radio Pública.
Según esos documentos, la orden llegó a las estaciones radiales a las 13:20 y a los canales de televisión, a las 13:22.
"Al mismo tiempo que yo firmo el estado de excepción, ordeno la cadena. Es simultáneo", señaló el Presidente.
Sin embargo, reconoció que antes, a las 11:30, había salido de la Presidencia un correo dirigido a los medios privados con la orden de que se adhieran a la señal de los medios públicos.
El gobernante indicó que a esa hora intentó firmar electrónicamente el estado de excepción, pero no pudo por limitaciones tecnológicas, debido a que ya se encontraba en el Hospital de la Policía, luego de recibir agresiones en el Regimiento Quito.
"Una persona, ni siquiera es el Secretario de Comunicación, manda a decir: "A las 11:30, enlace ciudadano". Pero no se ejecuta porque no logramos firmar el estado de excepción", dijo Correa.
Señaló, además, que la ciudadanía aprueba la decisión de la cadena, basándose en los resultados que arrojó una encuesta realizada por Perfiles de Opinión a 648 personas, en Quito y Guayaquil.
Según ese estudio, el 62,2% de los consultados está de acuerdo con la cadena y el 55% considera que la información difundida fue confiable.
Correa también arremetió contra el director del Hospital de la Policía, el teniente coronel César Carrión, quien manifestó en una entrevista con la cadena CNN que no estuvo secuestrado. "Un teniente coronel de la Policía al Presidente de la República trata de desmentirle y hacerle quedar como mentiroso… ¡Pedazo de majadero!", comentó Correa encolerizado. Contó, además, que el 30 de septiembre Carrión puso candado en las puertas de la casa de salud para evitar que Correa ingrese, pese a que este estaba asfixiado. El mandatario pidió la baja del oficial y una investigación en su contra.
En otro tema, Correa defendió el llamado salario de la dignidad, dispuesto en el Código de la Producción, que se debate en la Asamblea Nacional. "El costo no es tan grande para las empresas", señaló.
El Gobierno calcula que con la vigencia de ese aumento salariar la economía traspasará unos $ 500 millones de capital al trabajo, pero que el 40% de ese monto, unos $ 200 millones, serán asumidos por el Estado, pues ya no se cobrará el Impuesto a la Renta sobre esas utilidades.
Domingo 24 de octubre del 2010 Política
30-S redujo la confianza de la ciudadanía en la Policía
Después de la sublevación, la Policía trabaja en varios frentes para recuperar la imagen y la confianza ciudadana. Se prevé incluso el asesoramiento de Colombia y Chile. Mientras, se investiga a quienes instigaron a la revuelta.
La imagen de la Policía Nacional, que no estaba en sus mejores niveles antes de la revuelta uniformada del pasado 30 de septiembre, cayó del 30% que registraba hasta el 13 de septiembre, al 22,5%, según una encuesta de la firma Perfiles de Opinión realizada entre el 7 y 8 de octubre.
A eso de las 11:00 del pasado 30 de septiembre, una decena de delincuentes comienza a rodear el local de Almacenes Jaher de la vía Perimetral, en la Isla Trinitaria.A esa hora, los medios de comunicación reportan el caos y los actos delincuenciales tras la sublevación de los gendarmes que protestan contra la Ley de Servicio Público. El personal de Jaher decide cerrar las puertas del almacén y asustados intentan huir, pero ya es tarde. Una multitud descontrolada llega al local con armas de fuego, cuchillos, combos. Destrozan vidrios, destruyen puertas y se abalanzan sobre todo lo que encuentran. Del local con electrodomésticos no queda nada. Las pérdidas superan los $ 90 mil, calcula Darwin Franco, administrador de Jaher.
Los asaltos y saqueos también van en cadena en otros locales comerciales, tiendas y pequeños negocios en zonas como el suburbio. En ese sector, María Quinde sufre golpes en su intento de detener a una masa de gente que ingresa a su farmacia y se lleva la mercadería valorada en unos $ 30 mil.
Más de $ 4,7 millones en pérdidas dejan los saqueos a locales comerciales y 9 asesinatos por delitos, según cifras de la Gobernación del Guayas, provincia donde se produce la mayor cantidad de desmanes como consecuencia de la revuelta originada en la mañana de ese día en el Regimiento Quito Nº 1 (RQ Nº 1).
"Mal hecho que hayan hecho la protesta, aquí bien podían matar y no había un policía, llamamos al 101 y nada", expresa con coraje Gladys Ávila, una mujer que vende plátano asado con queso en el suburbio.
Las quejas de los afectados que apuntan a los gendarmes como responsables de los daños se traducen en un deterioro de la imagen de la Policía. Según una encuesta de la firma Perfiles de Opinión realizada entre el 7 y 8 de octubre pasado, la confianza institucional cae del 30% registrada hasta el 13 de septiembre al 22,5%. Mientras, un sondeo de Cedatos apunta a que el 87% de los ecuatorianos desaprueba la medida policial.
El bajón se da en un momento en el que la institución recuperaba esa imagen respecto de años anteriores. En el 2009, por ejemplo, el nivel de credibilidad subió al 28,1% del 16,5% que tenía en el 2007, según Perfiles de Opinión.
El presidente Rafael Correa, quien fue vejado por los policías en el RQ Nº 1, se suma como uno de los acérrimos críticos contra los insubordinados a quienes llamó "criminales" para quienes no habrá "perdón ni olvido" , según dijo en su enlace semanal del pasado 2 de octubre. No obstante, en la del sábado pasado habló de un posible indulto.
"Podría haber un indulto… porque indulto sí es perdonar el delito, amnistía significa olvidar lo que pasó, viene de amnesia", dijo Correa.
Entre las autoridades policiales las disculpas no cesan. "Lo lamento de corazón… No debió haber pasado nunca", expresa el jefe del Cuarto Distrito de la Policía del Guayas, Joel Loaiza.
Pero no es suficiente. La imagen deteriorada de la Policía ha preocupado tanto a las autoridades que se trabaja en varios frentes para superar la crisis institucional tras la sublevación. Uno de ellos es a nivel operativo y se enfoca a acentuar la presencia de gendarmes en las calles.
El otro frente es el de comunicación, desplegado mediante estrategias, una de ellas dirigida al personal policial, que incluye charlas de motivación e información sobre la situación salarial de los uniformados, que se dictan especialmente desde las jefaturas de los comandos provinciales y de las Unidades de Policía Comunitaria (UPC).
Para el efecto, la institución policial ha creado el departamento de Comunicaciones Estratégicas y Asuntos Internacionales, dirigido por Lino Proaño, que actuará también como enlace entre la cúpula policial y el personal de tropa.
En recorridos realizados por este Diario, en varias UPC de Quito se constata que una de las primeras disposiciones dadas por las autoridades policiales es el refuerzo del patrullaje. Alexandra Salcedo, jefa de la zona Iñaquito (norte de la capital), donde trabajan 32 uniformados, dice que los primeros días que siguieron a la sublevación policial fueron muy difíciles por las reacciones de la ciudadanía en contra de los uniformados.
Los jefes de algunos UPC comentan que una acción paralela ha sido la motivación al personal. En Guayas, por ejemplo, Loaiza destaca, entre los proyectos sociales para los policías, el plan habitacional que se inauguró el pasado 15 de octubre.
Estas tácticas, que también se coordinan mediante el departamento de Comunicaciones Estratégicas, se replicarán en el resto de provincias. En Guayas aún no hay fecha, porque aún no se aprueba el cronograma para los distritos, según Proaño.
La Ley de Servicio Público es otro puntal que se afianzará, porque los hechos del 30-S se dieron "por un desconocimiento de los uniformados".
Loaiza refiere que se ha dispuesto reforzar el trabajo de la Policía Comunitaria y los vínculos con la comunidad como parte de los esfuerzos para recuperar la credibilidad de la Policía.
Una de las vías es bajar "lo más posible" los índices delictivos hasta diciembre próximo. Delitos como sicariato, secuestro express o sacapintas serán abordados bajo estrategias que apuntan a ser efectivos en la recolección de información, dice.
En esta tarea también están los comandos en otras provincias, aunque en ocasiones sin el resultado esperado. En Quevedo, el oficial Julio Camacho comenta que mientras participaban en una minga para limpiar un parque considerado zona roja, algunos habitantes les llamaron "chapas vagos".
Un policía que prefiere no identificarse asegura que ellos tienen como consigna hablar con la comunidad y ofrecer disculpas para restablecer la imagen institucional.En Ambato, además de charlas informativas sobre el contenido de la Ley de Servicio Público, se trabaja para ampliar el número de brigadas barriales de las 15 existentes a 40 hasta noviembre próximo.
Mientras, en Azuay se apuesta por el plan de carpas policiales. El gobernador Leonardo Berrezueta insiste en que es "una acción para recobrar la confianza de la gente; en Manabí, la meta divulgada en los cuarteles es la misma y se trabaja en aumentar los patrullajes y el número de policías en los UPC. En Santo Domingo, gendarmes de 48 UPC trabajan con 800 voluntarios de las brigadas barriales en temas de seguridad.
Las estrategias para recuperar la imagen policial apuntan más lejos y para ello se prevé asesoramiento internacional en la Policía de Colombia y los Carabineros de Chile.
Proaño refiere que la Policía colombiana tiene un departamento de Comunicaciones Estratégicas mediante el cual maneja cuatro canales de televisión y casi 30 emisoras a nivel nacional. Aclara que para la Policía ecuatoriana es muy difícil aspirar a contar con esa infraestructura de comunicación por razones de presupuesto, por lo que le interesa conocer las estrategias y las estructuras de funcionamiento en los dos países.
Además, para la estrategia de posicionamiento de la imagen de la Policía ante la ciudadanía se buscará asesoramiento de empresas especializadas. La contratación se hará en el menor plazo posible, luego de que el Comandante General apruebe la propuesta, asegura.
Como un objetivo de mediano plazo está la reorientación de la radio Vigía, cuyo eslogan es "La voz de la Policía Nacional", que funciona desde 1982.
Pero líderes barriales dicen que recuperar la imagen no solo es acercarse a la comunidad, sino también mejorar las condiciones de trabajo de los policías para combatir la delincuencia. Ricardo Mina, dirigente del sector Nigeria, en la isla Trinitaria, se queja porque en el puesto policial de esa zona no hay equipos de radio y solo existe un policía que se ve obligado a cerrar el lugar para salir de patrullaje.
Miércoles 27 de octubre del 2010 Política
Doris Soliz negó golpe de Estado el 30-S
La ministra coordinadora de la Política, Doris Soliz, descartó el mismo 30 de septiembre que el país atravesaba un golpe de Estado, pese a que esa es la tesis que defiende el presidente de la República, Rafael Correa.
Soliz aclaró a la cadena internacional CNN, la tarde del 30-S, que la crisis respondía a una insubordinación policial por reclamos salariales y administrativos, según publicó ayer diario El Comercio.
El matutino recogió las declaraciones que a las 17:11 de ese día hizo la Secretaria a la CNN, en entrevista con Daniel Viotto. "No se trata de un golpe de Estado, es una indisciplina evidentemente grave que ha movilizado al país, pero por un asunto de carácter económico y administrativo de un sector de la tropa".Ante la respuesta, el periodista le insistió si no se trataba de un golpe de Estado, y ella contestó: "El Ecuador en este momento tiene todas las instituciones democráticas funcionando y finalmente al Comando Conjunto (de las FF.AA.) invocando a la paz y garantizando la tranquilidad".
Soliz aclaró al periódico que al momento en que hizo esas afirmaciones se desconocían los alcances y verdaderos intereses de quienes estuvieron detrás de los hechos. "Los hechos ocurridos después de las 18:00 son pruebas de que se intentó dar un golpe de Estado", explicó mediante un boletín.
El Jefe de Estado denunció el mismo 30-S que hubo "un intento de Golpe de Estado", durante la revuelta policial que comenzó en rechazo a la Ley de Servicio Público, y cuya jornada dejó cinco muertos.
El régimen ha transmitido ese mensaje ante la prensa internacional, en spots publicitarios, y a través de las declaraciones de varios ministros.
En tanto, en la Asamblea Nacional el sector oficialista volvió a bloquear ayer el planteamiento de la oposición de integrar una comisión multipartidista para que se investiguen los hechos del 30-S.
La propuesta del asambleísta Paco Moncayo (AL) solo recibió 56 votos a favor.La mayoría de Alianza PAIS optó por la abstención en este tema, aunque también se registraron seis votos en contra y tres blancos.
Este es el segundo intento de la oposición por armar una comisión de investigación.Moncayo dijo que no hay que dejar este tema solo en manos de los fiscales y jueces, por ser político.
Domingo 31 de octubre del 2010 Política
"En hechos del 30-S todo era dudable"
El periodista Javier Darío Restrepo, que a inicios de semana visitó el país, califica a la cadena oficial dispuesta por el Gobierno Nacional el 30 de septiembre pasado como una forma de insulto a la sociedad al no permitirle conocer varias versiones de estos hechos. Sostiene que en ese espacio no hubo la garantía de que la información no se convirtió en propaganda.
Además, cree que el actual escenario es una oportunidad para el periodismo nacional de ejercer su independencia ante los grupos de poder.
¿Cuál debería ser el rol del periodista en la sociedad ecuatoriana luego de los eventos del 30 de septiembre?
El periodista es la pieza que le debe dar el equilibrio a la información. Si no se cuenta con eso, la sociedad está indefensa, expuesta a la manipulación. Es importante la tarea que cumple el periodista y la tiene que hacer a pesar de las presiones. En medida que el periodista es consciente de la responsabilidad que tiene en la sociedad desarrolla mecanismos de defensa de él y de la sociedad. El periodista actúa en defensa del bien común.
¿Pero esa responsabilidad no es vulnerable ante tantas amenazas provenientes del poder?
La información real está amenazada por el poder y por todas las distorsiones de la verdad que son posibles. La herramienta principal para contrarrestarlo es el lenguaje. El periodista tiene que contar con la fuerza de las palabras y su capacidad para recrear la realidad. A esa recreación se oponen los intereses y ahora la tecnología.
¿Por qué la tecnología?
Hay un elemento importante que es el afán de la inmediatez. Esa carrera loca que nos empeñamos los periodistas para pisarle los talones a los hechos cuando están todavía calientes. Ese afán de inmediatez impide la reflexión, que es parte de la realidad.
¿Cree usted que faltó reflexión en la información emitida de los hechos del 30-S?
Si uno se atiene únicamente a los sentidos, esos hechos hubieran tenido el enfoque de quienes estaban comandando o dando dirección a la versión de los hechos. Me parece que en los medios de comunicación hay un permanente peligro que es el de obrar reactivamente, es decir, los primeros impulsos que generalmente están manejados por los sentidos. Cuando se actúa proactivamente en periodismo hay una intencionalidad. ¡A ver, miremos qué sucedió aquí! ¡Miremos qué es lo que quiere el Gobierno que nosotros entendamos! ¡Miremos cuáles son los hechos que nos están presentando! Y ahí empezar a hacer preguntas.
El periodista tiene que dudar de todo y en este hecho todo era dudable.En ese sentido, no dificultó esa reflexión en la sociedad ecuatoriana que durante el día solo existió una versión de los hechos, que fue la oficial, a través de la cadena ordenada por el Gobierno.
Quién le garantiza a la sociedad que quien asumió la tarea de informar no combinó información con propaganda. Hay más razones para pensar que hubo interés para manipular esos datos. Por tanto, eso hizo parte de ese aparataje teatral que se montó que los medios de comunicación no pudieran contar versiones distintas a la oficial.
En el mundo de la comunicación es indispensable la pluralidad de versiones para que el receptor de esas versiones pueda o combinarlas o escoger. Es así como se va formando la opinión pública. Es una forma de insulto a la sociedad.´
¿Es una justificación válida que la transmisión de múltiples versiones pudo generar desestabilización al Gobierno?
Se puede decir, si los medios privados tienen malas intenciones, pero quién garantiza que los medios gubernamentales tengan buenas intenciones. Además, el Gobierno no es el llamado a calificar si se tienen malas intenciones.
Con esa acción, ¿qué quiso el Gobierno?
El discurso oficial se ve completamente separado de lo que puede uno concluir con el solo examen de los hechos. A cuenta de que hay mucho de artificio, de que hay la voluntad política de unos indicios y hacerlos valer en su propio beneficio. Cuando se trata de crisis, el periodista puede ser el gran orientador o el gran convalidador de los artificios.
¿A eso se debe que el Gobierno agrede tanto a los medios de comunicación?Lo que uno puede concluir en sana lógica cuando ve al Gobierno tratando de desacreditar o quitarle el piso moral a los medios de comunicación es que tiene interés de ocupar su lugar. Es una lógica medio dictatorial la que está presidiendo esa voluntad de velar de manera paternal para que a la sociedad no la engañen, cuando el que está diciendo es alguien que puede ser un maestro del engaño.
Bajo este escenario, ¿existe el riesgo de que ya no analicen los contenidos, sino solo la procedencia de la información, sea de medios públicos o privados?
El periodista es el que pone el equilibrio. Cuando tú tienes un medio oficial hay una voluntad muy expresa de hacer propaganda. Si el periodista actúa pasivamente, consiente esa distorsión. En el medio privado también hay las mismas distorsiones de hacer propaganda. Un ejemplo es un medio que defiende la gestión de los banqueros y si el periodista defiende eso, se convierte en cómplice del engaño.
Usted mencionó que es más grave que un gobierno maneje un canal de televisión que un banquero. ¿Por qué?
Para mí es más malo que el gobierno tenga medios de comunicación, porque el gobierno tiene más necesidad de mentir que los bancos. Los bancos también mienten, porque también tienen intereses, pero son mucho más cercanos al bien común de todos los ciudadanos los intereses de un gobierno. Por tanto, con la misma lógica que se dice que un banco no tiene por qué tener un canal de televisión, la misma razón hay que decir que los gobiernos no tienen por qué tener medios de comunicación.
La declaración presidencial de que la prensa es su principal enemigo, ¿aumenta el riesgo de una crisis general del periodismo en el país al ser percibido como un actor político?
El periodismo ecuatoriano está ante una gran oportunidad de encontrar lo más auténtico y sólido de su tarea. Es un periodismo que se está dando cuenta o tiene que darse cuenta de la independencia respecto a todo tipo de presión. Un periodista debe reconocer que su único amo es el receptor de su información y a través de él, toda la sociedad.
Los hechos del 30 de septiembre pueden servir de base para mostrar lo que realmente sucedió, sin que esa realidad esté alterada por las presiones y por los artilugios que tienen los gobiernos para dar su versión de su historia.
¿Cuáles son las herramientas para que un periodista refleje la realidad de los hechos?
El periodista debe afinar sus técnicas y su metodología investigativa. Además de mantener su credibilidad, producto de una actitud ética permanente en relación con la verdad y en la comunicación a la sociedad. La credibilidad es un elemento bastante ingrato, porque cuesta mucho construirla y basta un pequeño desliz para destruirla, y de eso saben bastante los gobiernos…
Miércoles 10 de noviembre del 2010 Política
El 30-S al momento deja 600 uniformados sancionados
Por la revuelta policial del 30 de septiembre se han sancionado a 600 policías con medidas disciplinarias de arrestos menores, por infracciones leves y graves y 120 están siendo procesados por aparente mala conducta profesional, hasta el momento ese es el resultado anunciado ayer por el ministro del Interior, Gustavo Jalkh.
Esos datos son los que hasta ayer le entregó el departamento de Asuntos Internos de la Policía Nacional, en lo que refiere a la investigación interna de la sublevación policial.
Sobre los policías castigados con arrestos menores, de entre uno y cuatro días, el Ministro señaló que la sanción no implica la salida de la institución, aunque reconoció que una medida de arresto afecta a la proyección de la carrera. "Tener una sanción disciplinaria afecta la carrera policial, pero existe la posibilidad de que con una conducta ejemplar, con un trabajo adecuado pueda recuperar esos puntos perdidos en su carrera y no tener una afectación futura en sus ascensos".
El proceso abierto al otro grupo de agentes sí podría implicar la salida del uniformado de las filas policiales.
Actualmente los procesados en este caso fueron puestos en disponibilidad, mientras duran las investigaciones. En un mes más, Asuntos Internos y los uniformados señalados deberán presentar su pruebas de cargo y descargo dentro del proceso administrativo.
Baja inmediata
En el caso de que los agentes no comprueben su inocencia, lo que procederá será la baja inmediata. "Los tiempos procesales en un caso de mala conducta profesional son mínimo dos meses, si va rápido el trámite. Esos son procesos que están en curso para 120 policías", explicó Jalkh, al tiempo que apuntó que el coronel César Carrión, ex director del Hospital de la Policía y quien fue cuestionado por el presidente Rafael Correa por desmentir su versión, consta en esta lista.
A decir de Jalkh, quienes han sido sancionados de forma disciplinaria con arresto por faltas leves o graves son personas que no se encuentran dentro de los organizadores.
Pero señaló que dentro de los 120 procesos por mala conducta están agentes que tienen "más relación con la organización y agitación violenta ocurrida el 30 de septiembre".
El fiscal distrital de Pichincha, Marco Freire, informó que la institución ya ha solicitado a Asuntos Internos y a Inteligencia Policial que remita todas las personas identificadas científica y pericialmente para empezar a vincularlas en las diversas instrucciones abiertas.
Más sancionados
Otros 42 gendarmes son juzgados en el cantón Durán, entre ellos, 13 altos oficiales, por bloquear el puente de la Unidad Nacional, que une Guayaquil con Durán, lo cual provocó caos e incluso robos, informó anoche Ecuavisa.
La cúpula policial informó que en total 345 uniformados en Guayas están bajo investigación, detalló Ecuavisa.
GAP: Otra investigación
Circula nuevo pasquín
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